En medio de una creciente preocupación por el uso de recursos públicos en México, el estado de Jalisco —gobernado por Movimiento Ciudadano (MC)— ha llamado la atención por su desmedido gasto en comunicación social y marketing político.
Bajo la administración del gobernador Enrique Alfaro y otros alcaldes emecistas, la entidad ha priorizado la construcción de imagen pública por encima de atender las necesidades urgentes de la población.
Diversos informes revelan que desde 2011, los gobiernos locales y estatal han canalizado más de 316 millones de pesos a empresas especializadas en propaganda, como Eu Zen, La Covacha e Indatcom, muchas veces a través de adjudicaciones directas, sin procesos de licitación. Solo entre 2021 y 2023, 142.4 millones de pesos fueron entregados a Eu Zen por supuestos servicios de comunicación, en los que analistas ven una estrategia de proyección electoral encubierta.
El gasto ha alcanzado niveles históricos: tan solo en la primera mitad de 2024, Jalisco desembolsó 179.8 millones de pesos en campañas de difusión. En algunos municipios, como Guadalajara, el presupuesto en comunicación social representa hasta el 65 % del total destinado a áreas clave, como obras públicas o seguridad.
Organizaciones ciudadanas han denunciado esta situación como un “desvío de prioridades”, señalando que mientras el estado padece problemas graves como desabasto de medicamentos, inseguridad y falta de infraestructura básica, los gobiernos municipales y estatal prefieren invertir en posicionar políticamente a sus funcionarios.
Por si fuera poco, reportes de la organización Artículo 19 y de medios independientes han documentado casos en los que periodistas locales han sido despedidos o censurados por emitir críticas al manejo de recursos públicos, lo que ha generado preocupaciones sobre el respeto a la libertad de expresión y la transparencia gubernamental en Jalisco.
El gasto en imagen no es menor: desde 2017, Jalisco ha figurado como uno de los estados que más invierte en publicidad oficial, siendo superado únicamente por entidades como Coahuila. La tendencia se ha acentuado con el paso del tiempo, sobre todo en periodos electorales.
Esta situación ha generado un debate nacional: ¿debe un gobierno invertir millones en su promoción mientras miles de ciudadanos carecen de lo básico? La respuesta parece evidente para muchos jaliscienses que, lejos de sentirse representados en los espectaculares y videos, exigen soluciones reales y no marketing político disfrazado de “información gubernamental”.
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