Desde el 9 de enero de 2026, México puso en marcha un registro obligatorio de todas las líneas móviles, con el propósito anunciado de eliminar el uso anónimo de números y combatir delitos como extorsión y fraude telefónico. Bajo esta normativa, cada número telefónico —incluyendo prepago, pospago y eSIM— debe estar vinculado a una persona física o moral identificada con documentos oficiales, como CURP, INE, pasaporte o RFC, antes de que pueda seguir funcionando. Si no se completa el registro en los plazos establecidos, la línea puede ser suspendida o quedar limitada en sus servicios.
