El 12 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó al Estado mexicano la sentencia sobre el Caso González Méndez y Otros vs. México, en la cual se determinó la
responsabilidad del gobierno por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, así como por otras violaciones a los derechos humanos que afectaron a su familia.
Antonio González Méndez, originario de la comunidad indígena chiapaneca Ch’ol, fue miembro de las bases civiles de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al momento de su desaparición en 1999. Además de su participación en el movimiento, trabajaba en una tienda cooperativa que financiaba proyectos educativos, de salud y desarrollo productivo en su comunidad. La Corte IDH consideró estos elementos en su análisis de contexto, destacando las condiciones de violencia generalizada en Chiapas desde 1994, así como la presencia de grupos paramilitares que operaban con la aquiescencia del Estado mexicano, lo cual contribuyó a la conclusión de que González Méndez fue víctima de desaparición forzada.
La Corte también estableció la responsabilidad del Estado mexicano por la violación del derecho a una investigación adecuada y diligente, señalando que no se tomaron las acciones necesarias para localizar a Antonio en un plazo razonable.
En este proceso, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) presentó un Amicus Curiae para argumentar dos puntos fundamentales: el primero, relacionado con el derecho de las personas a ser buscadas, destacando la omisión en la búsqueda de González Méndez; y el segundo, sobre el papel del Estado en la desaparición forzada.
La CDHCM subrayó que la falta de una búsqueda inmediata por parte del Estado facilita la repetición de violaciones a los derechos humanos. También enfatizó la necesidad de implementar un enfoque diferencial, intercultural y de perspectiva interseccional en los planes de búsqueda e investigación, particularmente en casos de desaparición de personas pertenecientes a grupos vulnerables.
La Comisión destacó que la sentencia no solo abre la puerta para la reactivación de la búsqueda de Antonio González, quien lleva más de 24 años desaparecido, sino que también refuerza la obligación del Estado de garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas de desaparición y a la protección de su integridad personal. Para ello, es fundamental contar con servidores públicos capacitados para aplicar las herramientas metodológicas necesarias, con el objetivo de abordar los casi 110,000 casos de desaparición forzada en México y diseñar estrategias efectivas para prevenir estos crímenes.
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