Una nueva etapa en el desarrollo urbano de la Ciudad de México está en marcha: el director general de SERVIMET, Carlos Mackinlay, anunció que gracias a la aplicación de la Norma 26, comenzará la construcción de viviendas sustentables en zonas céntricas de
la capital. Esta estrategia, que busca equilibrar el crecimiento inmobiliario con el derecho a una vivienda digna, pretende brindar una alternativa real a quienes han sido desplazados por el encarecimiento de las rentas y los precios de la propiedad en las alcaldías centrales.
La Norma 26, que fue actualizada con mayores controles y candados, permite la edificación de conjuntos habitacionales de interés social y popular, con criterios de sustentabilidad y ubicación estratégica. Esto significa que se podrán construir viviendas en colonias bien conectadas, con servicios y en cercanía de centros de trabajo, pero bajo una regulación estricta que garantice precios accesibles y evite la especulación inmobiliaria.
Mackinlay explicó que ya se están desarrollando proyectos habitacionales con enfoque sustentable en alcaldías como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, entre otras. Estas viviendas estarán dirigidas especialmente a mujeres jefas de familia, trabajadores del gobierno, jóvenes y personas que no han podido acceder a créditos tradicionales.
Los edificios deberán contar con ecotecnologías, como sistemas para el ahorro de agua y energía, así como espacios comunes funcionales que favorezcan la convivencia comunitaria. Además, la norma estipula que los inmuebles no pueden ser revendidos o alquilados durante al menos cinco años, con lo cual se busca proteger el uso habitacional y frenar la especulación.
Este nuevo impulso a la Norma 26 representa un paso firme para consolidar una ciudad más equitativa y sostenible. La vivienda en el centro ya no será un privilegio, sino una posibilidad para miles de familias que antes solo podían habitar en las orillas. El gobierno de la ciudad, a través de SERVIMET, planea construir hasta mil unidades bajo este esquema en el corto plazo, con el respaldo de desarrolladores privados y en colaboración con instituciones como el INVI.
Se espera que esta estrategia sirva como modelo para otras grandes ciudades del país, demostrando que el desarrollo urbano y la justicia social pueden ir de la mano.
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